Ante la reducción del presupuesto federal destinado a la ayuda alimentaria, esta carta blanca alerta sobre las consecuencias para las asociaciones que dependen de ella. Los actores de la ayuda alimentaria piden a las autoridades federales que renueven en 2026, y para los años siguientes, los fondos asignados a la ayuda alimentaria en 2024.
Una precariedad alimentaria cada vez más grave
Actualmente, en Bélgica, más de dos millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y uno de cada diez belgas vive en situación de privación material y social.
Con o sin trabajo, cada vez más personas pasan hambre, no se atreven a usar la cocina por miedo a las facturas de energía, se privan de comer para que sus hijos puedan hacerlo y se saltan comidas con regularidad.
Entre los repartos de alimentos, los comedores sociales, las tiendas de comestibles sociales y las neveras solidarias, más de 600 000 personas recurren a la ayuda alimentaria en Bélgica.
En la actualidad, el suministro de ayuda alimentaria está en peligro.
Financiación europea ya insuficiente
De hecho, la ayuda alimentaria se basa en gran medida en la financiación europea procedente del Fondo Social Europeo (FSE+), parte de la cual se destina a combatir las privaciones materiales graves. Este programa europeo es totalmente insuficiente para satisfacer por sí solo las necesidades de la población. Por ello, año tras año se asignan fondos adicionales a la ayuda alimentaria.
Un drástico descenso presupuestario en 2026
En 2025, el presupuesto destinado a la compra de alimentos ascendió a 27 millones de euros. Este presupuesto permitió a Bélgica comprar grandes cantidades de productos alimenticios básicos (leche, conservas de verduras, platos preparados, etc.) que se redistribuyen a asociaciones y CPAS (centros públicos de acción social), que a su vez los redistribuyen a las personas que cumplen los requisitos. A esto se suman diversas subvenciones federales para permitir la compra de material de higiene básico (pañales, jabón, pasta de dientes, etc.).
El importe total de estas ayudas de emergencia asciende este año a 40 millones de euros.
En 2026, la dotación total anunciada asciende a solo 15 millones de euros. De hecho, las autoridades públicas federales han decidido limitar su participación en el programa de ayuda alimentaria. Por su parte, las ayudas materiales y las subvenciones de funcionamiento para el sector desaparecerán por completo.
Consecuencias directas sobre el terreno
Es una completa aberración. En los últimos años, las estructuras de ayuda alimentaria —bancos de alimentos, Cruz Roja, Restos du Cœur, Sociedad de San Vicente de Paúl, etc.— están registrando un número récord de usuarios que no disminuye: las colas se alargan, los suministros no dan abasto, los equipos están agotados y las organizaciones se ven obligadas a reducir la ayuda distribuida.
Si bien las crisis de los últimos años han aumentado la precariedad, las desigualdades sociales y la inseguridad alimentaria, no hacen más que reforzar una tendencia más antigua: las solicitudes de ayuda alimentaria llevan varias décadas en aumento.
El abastecimiento supone un reto diario para las organizaciones de ayuda alimentaria. Con la reducción anunciada, este se verá drásticamente reducido. Un retroceso dramático en un contexto ya de por sí crítico.
Reconocer la existencia misma de la ayuda alimentaria ya es una admisión de fracaso político. Reducir su suministro casi a la mitad es una decisión deliberada de agravar el hambre, alargar las colas y sumir a las organizaciones de ayuda alimentaria en un callejón sin salida, impidiéndoles simplemente cumplir su misión.
Una clara petición al Gobierno federal
Pedimos a las autoridades federales que mantengan los fondos destinados a la ayuda alimentaria en 2024 para el año 2026 y los años venideros.
¡El tiempo se acaba! Esperar es optar por el aumento de la gran precariedad y elegir la improvisación para hacer frente a una emergencia que habrá que afrontar, se quiera o no.
